Si las perspectivas se cumplen, a final de año, el país estará pagando solo en intereses de su deuda pública 2.451.952 millones de colones (2,45 billones de colones).
Este dato se acerca a lo que el propio gobierno prevé destinar para financiar la educación pública el próximo año, cuyo monto es de 2.521.023 millones de colones (2,5 billones de colones), según lo indicó el viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública, Leonardo Sánchez, al periódico La Nación, luego de una audiencia del jerarca sobre este tema en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, el 16 de junio.
Esta situación casi que equipara lo que el país destina al pago de intereses de deuda y el financiamiento a la educación, manifestó el economista Fernando Rodríguez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).
“Desde un punto de vista de política fiscal, que estemos generando casi la misma cantidad de gastos financieros en el manejo de nuestra deuda que lo que otorgamos al financiamiento de la educación nos debe encender una alerta importante. Nosotros ya lo hemos advertido y lamentablemente no hemos encontrado eco en la parte política”, indicó Rodríguez.
El problema, agregó, es que al alto costo financiero que tiene el pago de intereses hace que el país deba destinar el uso de millonarios recursos para este fin, que de otra manera pudiese destinar a inversión social en áreas como educación, salud, infraestructura o seguridad.
Para el experto, una de las razones por la cuales el país se encamina hacia esa coyuntura es la falta de una política pública que contribuya a reducir, de manera progresiva, el peso que tiene el pago del financiamiento de la deuda pública dentro del Presupuesto Nacional. Y esa responsabilidad, debe asumirla el Gobierno.
Esta misma indicación se incluyó en el más reciente informe Análisis de la Coyuntura Fiscal del Observatorio Económico y Social de la UNA, dado a conocer este mes, en el que se hace un balance general sobre ingresos y gastos del Gobierno, al primer cuatrimestre de este año. Ahí se destaca, por ejemplo, que el pago de intereses de deuda interna y externa representa un 1,75% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer cuatrimestre.
La preocupación con ese porcentaje es la manera como mes a mes va creciendo. “En general, el gasto en intereses de la deuda pública crece un 9,69% interanual a abril, lo que significa un crecimiento mayor al del año pasado, que fue de un 7,88%.
De persistir ese comportamiento, entonces, el porcentaje de intereses de deuda con respecto al PIB llegaría al 5%, que justamente significarían los 2,45 billones de colones.
“Hablamos de ingresos y de gastos, pero no nos hemos sentado a analizar por el fondo el costo de la deuda, que resulta carísima para nosotros”, analizó Rodríguez, al tiempo que advirtió que la situación pudiese ser aún peor si el tipo de cambio hubiese estado alto. “O sea, que todas las deudas en dólares que estamos pagando representan menos cantidad de colones, porque el dólar está más barato, pero a pesar de eso, los intereses siguen siendo muy altos”.
En paralelo, resalta el hecho de que, en el primer año de la actual administración, los diputados aprobaron la ley 10.332 Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional, mejor conocida como la ley de eurobonos, la cual facultó al Ministerio de Hacienda a colocar hasta $5.000 millones para acceder a préstamos externos en mejores condiciones de los que ofrece el mercado interno.
En su momento, uno de los argumentos del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para sumar los apoyos para la aprobación del proyecto, era que para el país resultaría más barato acceder a estas emisiones, y que esto tendría un efecto positivo en el peso del pago de intereses de la deuda.
Sin embargo, para Fernando Rodríguez, nada de esto ha ocurrido con los eurobonos. Ese mismo sentimiento fue compartido por los diputados que recibieron al jerarca de Hacienda, el 11 de julio, para que se refiriera al cumplimiento de los objetivos de la ley de eurobonos y donde la percepción fue que el instrumento no ha derivado en una disminución del endeudamiento nacional.
Panorama complejo
Atender el tema de la alta factura por pago de intereses de deuda pública no parece destacar en el horizonte político y de las prioridades del poderes Ejecutivo y Legislativo, para los próximos meses.
Por un lado, el gobierno ha centrado su atención en el proyecto de la ley Jaguar y su intención de someter a referéndum su contenido. Por otra parte, los legisladores en el actual periodo de sesiones extraordinarias han privilegiado la discusión de la agenda de seguridad. A las puertas del inicio de las sesiones ordinarias (de agosto a octubre) no está clara aún las prioridades del Ejecutivo.
Desde el Observatorio Económico y Social de la UNA se hace un llamado a evitar un debilitamiento del sistema tributario que pueda agravar el panorama fiscal. Ante ello, esta instancia propugna que no se apliquen nuevas exoneraciones de impuestos que vayan a contrapelo del objetivo de la estabilización de las finanzas públicas.
“Aunque el Gobierno llegara a la Asamblea Legislativa con una propuesta, no veo al Congreso en condiciones de aprobársela ya. Además, comienza a acercarse el periodo preelectoral también y todo eso influye”, agregó Rodríguez.
Mientras que el balance entre lo que el país gasta en el pago de intereses y lo que invierte en educación tiende a un equilibrio, el porcentaje del PIB que se prevé para el 2025 en materia educativa sería de apenas un 5,25%, muy alejado de lo que la Constitución Política establece y cuyo mínimo debería ser un 8% de la producción.
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UNA
